El progresismo siempre ha visto la justicia como un obstáculo para sus proyectos autoritarios, y el gobierno de Petro no es la excepción. Desde su llegada al poder, ha intentado torcer la independencia de las instituciones y someterlas a su voluntad. Pero la justicia no se doblega tan fácilmente. La negativa de 3 magistrados a posesionarse ante el presidente es un claro mensaje: no están dispuestos a legitimar su agenda de atropellos y desmanes. Sin embargo, esta resistencia no es garantía de que el progresismo no siga avanzando en su estrategia de erosión institucional. Petro y su séquito han demostrado que no respetan límites y que harán todo lo posible por controlar la justicia, a través de presión política, reformas a medida o el uso del discurso populista para desacreditar a quienes se oponen a su proyecto. La democracia colombiana está en una encrucijada, y cada día que pasa el peligro es mayor.