https://www.facebook.com/share/p/1E4RBuiwSk/ Alerta en Chocó por violación de derechos humanos en el primer día del paro armado del ELN El departamento del Chocó enfrenta una grave crisis humanitaria tras las primeras 24 horas del paro armado de 72 horas decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha solicitado al Gobierno Nacional la declaración del estado de conmoción interior debido a los confinamientos, desplazamientos masivos y bloqueos en vías estratégicas que afectan a la población. Según los reportes oficiales, más de 3.500 personas han sido desplazadas en la subregión del San Juan por amenazas y acciones violentas del grupo armado. Además, se han instalado cilindros bomba en varias zonas y las principales vías de conexión, como la que une a Quibdó con Medellín y Pereira, han sido bloqueadas, paralizando el transporte y el comercio. El ELN argumenta que este paro es una respuesta a la falta de atención del Gobierno a la crisis humanitaria y a la presencia de grupos paramilitares en la región. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte sobre la presencia de otras organizaciones ilegales, como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, que disputan el control territorial en el departamento, lo que ha intensificado la violencia en comunidades afrocolombianas e indígenas. Ante la situación, el Gobierno Nacional desplegó más de 1.500 tropas en la región para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. No obstante, la compleja geografía del Chocó y la falta de infraestructura dificultan las operaciones militares y la asistencia humanitaria. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto del paro armado en niños y adolescentes, quienes han visto interrumpidos sus procesos educativos y el acceso a atención médica. Este es el noveno paro armado que el ELN impone en el Chocó en los últimos dos años, lo que evidencia la persistente crisis de seguridad en la región. La comunidad internacional y sectores de la sociedad civil han instado al Gobierno y a los grupos armados a retomar el diálogo y buscar soluciones que protejan a la población civil.