El gobierno de Javier Milei acaba de poner en papel una crueldad difícil de creer: en una resolución oficial, llama “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales” a personas con discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) usó estos términos en la Resolución 187/2025 para definir quién merece recibir una pensión. En un apartado titulado “Retardos Mentales”, clasifica a las personas según su nivel de discapacidad, dejando fuera a quienes no considera lo “suficientemente inválidos” para acceder a una ayuda estatal. La indignación estalló. Organizaciones de derechos humanos, como ACIJ y CELS, denunciaron esta brutalidad y exigieron que la norma sea derogada. No es solo un lenguaje retrógrado, es una decisión política que reduce a las personas con discapacidad a etiquetas indignas, una justificación perversa para recortar beneficios y hacer del Estado un verdugo en lugar de un protector. https://www.facebook.com/share/p/167CAzWLiz/