El Avispero Bucaramanga . Com
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February 26, 2025 at 05:42 AM
Motocicletas caen de grúa en Bucaramanga: ¿Quién responde por los daños? Un video enviado por un ciudadano muestra el momento en que varias motocicletas que eran transportadas en una grúa cerca del Centro Comercial El Cacique cayeron al suelo, generando preocupación entre los propietarios y la comunidad. El incidente ha generado cuestionamientos sobre la manera en que las autoridades de tránsito manejan el proceso de inmovilización y transporte de vehículos en Bucaramanga. La falta de aseguramiento adecuado de las motocicletas pone en duda los protocolos de seguridad utilizados por los operadores de grúas. ¿Quién responde por los daños? Según la normativa vigente, cuando una motocicleta es inmovilizada y trasladada en una grúa, la entidad responsable del procedimiento —ya sea la Dirección de Tránsito de Bucaramanga o una empresa contratada— debe garantizar que el vehículo llegue en las mismas condiciones en las que fue retenido. Si hay daños durante el transporte, los afectados tienen derecho a exigir una indemnización. Falta de control y responsabilidad El video evidencia una aparente falta de control en el aseguramiento de las motocicletas, lo que genera interrogantes sobre la capacitación de los operadores y las condiciones en las que se realizan estos traslados. Además, muchos motociclistas han denunciado que no se les permite documentar el estado de su vehículo antes de ser subido a la grúa, lo que dificulta cualquier reclamo posterior. ¿Qué pueden hacer los afectados? 1. Documentar los daños: Es recomendable tomar fotografías y videos antes y después de la inmovilización. 2. Solicitar un acta de inmovilización: Exigir que se registre el estado de la moto en el momento del procedimiento. 3. Denunciar ante la Dirección de Tránsito: Presentar una queja formal para que se investigue el caso y se responda por los perjuicios. 4. Consultar con un abogado: Si no hay respuesta de las autoridades, se puede considerar una acción legal por daños y perjuicios. Este hecho reabre el debate sobre la necesidad de mayor supervisión en los procedimientos de inmovilización y transporte de vehículos en la ciudad, con el fin de evitar afectaciones a los ciudadanos que, además de enfrentar la sanción, terminan asumiendo costos adicionales por fallas en el proceso.
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