*COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA* *Primero.-* El viernes 28 de febrero, a las 7:30 de la noche, frente a la entrada del Colegio Inem Simón Bolívar, en el barrio Mamatoco de Santa Marta, fue asesinado José Díaz Castillo, firmante de Paz y consejero Político del Partido Comunes en el Magdalena. Este crimen se suma a una alarmante cifra de 231 militantes de Comunes y 455 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en Colombia, que constituye un evidente exterminio contra quienes han apostado por la reconciliación y la construcción de un país sin guerra. *Segundo.-* El asesinato de José Díaz Castillo no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la falta de garantías de seguridad y del incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz por parte del Estado. Mientras los sectores progresistas seguimos siendo blanco de la violencia, las instituciones responsables de su protección demuestran ser insuficientes, permitiendo con su inoperancia que el miedo y la muerte sean el precio de la militancia política. *Tercero.-* José Díaz Castillo era un compañero cercano, motivo por el cual rechazo contundentemente este homicidio y me solidarizo con la familia, amigos y compañeros. En su memoria y en defensa de la vida, hago un llamado urgente a los gobiernos Local, Nacional y a las autoridades competentes para que esclarezcan este crimen, capturen a los responsables intelectuales y materiales, y activen los mecanismos de protección integral para los sectores progresistas que ejercen actividad política en Magdalena y Santa Marta. *Cuarto.-* A esta crisis de violencia política que denunciamos, se suma el alarmante incremento de la inseguridad y criminalidad en Santa Marta, donde los índices de homicidios, extorsiones y otros delitos han alcanzado niveles críticos. La falta de una estrategia efectiva de seguridad y el abordaje de la problemática ‘maquillando’ la realidad; ha permitido el fortalecimiento de estructuras criminales que operan con impunidad, afectando no solo a los sectores progresistas, sino a toda la ciudadanía que se ve sometida a la violencia cotidiana. *Quinto.-* Las instituciones estatales tienen la responsabilidad de actuar con determinación para frenar esta ola de violencia. Exigimos respuestas concretas y acciones inmediatas que protejan la vida de quienes defendemos la paz y la justicia social. No podemos permitir que ser parte de los sectores progresistas en Magdalena y Santa Marta signifique vivir bajo amenaza constante o, peor aún, con la certeza de una muerte anunciada. *Patricia Caicedo Omar*