*Una bala en la democracia: el atentado a Miguel Uribe y el cerco sistémico al cambio en Colombia* El atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, no solo es un acto criminal de extrema gravedad; es también un punto de inflexión trágico en la historia reciente del país. Uribe, una figura destacada del uribismo y precandidato presidencial por el Centro Democrático, recibió un disparo por la espalda durante un acto público. El país, una vez más, se ve arrastrado al abismo entre el espanto, la instrumentalización política y la parálisis moral. Desde esta orilla —que asume una postura crítica, democrática, profundamente comprometida con los derechos humanos— condenamos de forma categórica este atentado. Pero insistimos: reducir el hecho a una anécdota criminal o a una expresión puntual de barbarie sería un grave error. Lo sucedido es una ventana abierta al alma enferma de un país que lleva décadas incubando odio, exclusión, impunidad y descomposición institucional. Este crimen no es un caso aislado. Es el reflejo violento de un sistema que ha fracasado como promesa democrática y como proyecto de nación. Una nación que ha confundido la justicia con la venganza, la política con la guerra, y la democracia con el simulacro de legalidad. *La polarización no tiene un solo culpable* La polarización en Colombia no es responsabilidad de un solo actor. Es el resultado de una interacción compleja entre diversos sectores que han contribuido a la fragmentación del tejido social: • 📺 Medios sin ética: Muchos medios de comunicación han alimentado la polarización con narrativas sesgadas, sensacionalistas y, en ocasiones, desinformadas. En lugar de ser agentes de esclarecimiento y reflexión, han actuado como amplificadores del odio y la división. • 🎭 Políticos sin humanidad: Algunos líderes políticos han utilizado la confrontación como estrategia electoral, deshumanizando al adversario y presentándolo como un enemigo a derrotar a toda costa. Esta retórica ha calado hondo en la sociedad, normalizando la violencia simbólica y real. • 💼 Empresarios sin límite en su avaricia: Sectores empresariales han priorizado sus intereses económicos por encima del bienestar común, apoyando políticas que perpetúan la desigualdad y la exclusión. Su influencia en las decisiones políticas ha contribuido a mantener un statu quo que beneficia a unos pocos en detrimento de las mayorías. • 🧍‍♂️ Ciudadanía sin pensamiento crítico: Una parte significativa de la población ha caído en la trampa de la simplificación y la polarización, adoptando posturas extremas sin cuestionar la información recibida. La falta de educación crítica y la manipulación mediática han sido factores clave en este proceso. No es culpa de uno solo: somos un país entero el que debe despertar. La violencia política en Colombia no es solo producto de actores armados ilegales, sino también de un clima de intolerancia y deslegitimación que se ha instalado en el discurso público. La instrumentalización de la política, la estigmatización del adversario y la normalización del odio han creado un caldo de cultivo donde el atentado a Uribe Turbay no es una excepción, sino una posibilidad. *La hipocresía de la derecha y los medios* Es profundamente irónico que sectores de la derecha y ciertos medios de comunicación manifiesten una profunda indignación por el atentado a Uribe Turbay, mientras han promovido el odio, el negacionismo y la indiferencia frente a las masacres paramilitares contra campesinos, los falsos positivos y la violencia generalizada contra la población civil y los líderes sociales. Durante años, estos sectores han minimizado o incluso justificado actos de violencia perpetrados por grupos armados ilegales y fuerzas del Estado. Han negado la existencia de una guerra sucia que ha dejado miles de víctimas y han estigmatizado a las víctimas como culpables de su propia tragedia. Ahora, al ser uno de los suyos el blanco de un ataque, claman por justicia y unidad nacional. Esta doble moral no solo es injusta, sino también peligrosa. Al ignorar o justificar la violencia cuando afecta a ciertos sectores, se legitima un ciclo de impunidad que termina por afectar a todos. La violencia política no tiene rostro ni ideología; su única constante es el sufrimiento humano. *El reclutamiento de menores: una tragedia invisible* El autor material del atentado a Miguel Uribe Turbay fue un menor de edad, un adolescente de 15 años. Este dato no es solo un detalle policial; es una radiografía de la exclusión estructural que atraviesa Colombia. Un joven colombiano empuñando un arma para asesinar a un político expresa con crudeza el fracaso del modelo económico, educativo, social y ético del país. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 463 casos de reclutamiento de menores en Colombia, siendo el Cauca el departamento más afectado con 325 casos. Las disidencias de las FARC fueron responsables del 73% de estos reclutamientos. Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 77 desapariciones de menores en 2024, de las cuales 61 están relacionadas con reclutamiento; la mitad ocurrió en el Cauca. Este fenómeno ha evolucionado: ahora se usan redes sociales como TikTok para atraer menores con promesas de dinero y lujos, disfrazando la violencia mediante mensajes virales. Estamos ante una generación a la que se le niega sistemáticamente el acceso a derechos básicos y se le ofrece, a una buena parte de ellos, como única alternativa de inserción, el crimen, el sicariato, el microtráfico o la guerra. En un país que se dice moderno y democrático, la vida juvenil ha sido precarizada hasta volverse descartable. *La instrumentalización del horror* Las primeras reacciones de sectores de la derecha evidenciaron su intención de capitalizar políticamente el atentado. Se esgrimieron acusaciones irresponsables contra el gobierno nacional, se insinuaron responsabilidades morales de la izquierda, y se buscó posicionar la idea de que el país vive bajo un clima de “persecución” contra el uribismo. Esta narrativa no solo es profundamente falsa, sino peligrosa. Lo que intenta es revivir el clima de guerra fría que ha alimentado durante décadas al régimen conservador. Un esquema binario donde la derecha es la patria y la izquierda es el enemigo interno. La misma lógica que justificó la violencia paramilitar, las interceptaciones ilegales, las ejecuciones extrajudiciales, las persecuciones judiciales selectivas y las campañas de odio mediático. Hoy, con Miguel Uribe gravemente herido, se pretende cerrar filas en torno al viejo régimen, no para defender la democracia, sino para reactivar el dispositivo de represión que frena las transformaciones sociales. *Un gobierno progresista cercado por un régimen blindado* El atentado también debe entenderse en el contexto del cerco estructural al gobierno progresista de Gustavo Petro. Desde su llegada al poder, el presidente ha enfrentado no solo oposición parlamentaria, sino una articulación de poderes fácticos —Congreso, altas cortes, medios, bancos, gremios, fuerza pública, agencias internacionales— decididos a bloquear cualquier atisbo de reforma estructural. La promesa del cambio ha sido encadenada por una arquitectura institucional diseñada para impedir la redistribución de poder y riqueza. La política fiscal, las reformas sociales, los avances en derechos, la transición energética, la democratización de la tierra: todo ha sido saboteado. No se trata de una democracia en disputa, sino de una democracia corrompida tutelada por la mafia y la corrupción política. Gobernar, hoy, es resistir una conspiración que se disfraza de institucionalidad. *La democracia como ficción* En Colombia, muchas veces la legalidad ha operado como negación de la justicia. La Constitución de 1991 fue una promesa de inclusión, pero rápidamente fue reconfigurada por la tecnocracia neoliberal, los tratados de libre comercio y las reformas regresivas. Las cortes, supuestamente independientes, han frenado derechos conquistados por la movilización social. La Fiscalía es un brazo del régimen. La Procuraduría, una oficina de guerra cultural. En este escenario, la democracia se reduce a ritual: votamos, pero no decidimos. Elegimos, pero no gobernamos. La voluntad popular está encapsulada por un sistema de frenos diseñados no para garantizar equilibrios, sino para blindar privilegios. *¿Qué hacer? El poder constituyente como horizonte* Frente a este panorama, el gobierno progresista no puede seguir apostando solo a la institucionalidad existente. La única salida real, democrática y legítima es convocar al poder constituyente. No en el sentido estrecho de una nueva constitución —aunque ello podría ser necesario—, sino como activación de la soberanía popular organizada: sindicatos, pueblos indígenas, comunidades afro, feminismos, juventudes, campesinado, trabajadores informales, sectores populares urbanos. El cambio no vendrá del centro hacia las periferias. Vendrá desde los márgenes, si estos se organizan y asumen su papel protagónico. El pueblo no puede delegar más. Tiene que gobernar, deliberar, decidir. *La vida como frontera ética* La bala que hirió a Miguel Uribe debe marcar un límite inquebrantable: la defensa de la vida por encima de cualquier diferencia política. Nada justifica la violencia. Pero también debemos afirmar con claridad que la violencia estructural —la que mata lentamente por hambre, por exclusión, por racismo, por homofobia, por feminicidio, por negligencia estatal— es igualmente condenable. Colombia necesita un nuevo pacto civilizatorio. Uno que comience por reconocer al otro como sujeto político, no como enemigo. Uno que haga de la palabra, el pensamiento crítico y el respeto a la diferencia, los pilares de una nueva ciudadanía. *La esperanza se organiza o se desvanece* Cada día que un gobierno progresista resiste, dialoga, construye y se sostiene, a pesar del cerco, es una victoria histórica. Pero no basta con resistir. Es hora de avanzar, de radicalizar la democracia, de recuperar el Estado para lo público, de hacer de la política un acto pedagógico, colectivo, amoroso y transformador. La bala fue un intento por silenciar. Pero también puede ser la chispa que encienda el fuego de la organización. El régimen teme al pueblo organizado. Es hora de que el pueblo deje de temerle al poder. *Carlos Munévar* Directivo ADE