https://chat.whatsapp.com/HyH9pxrqj8eKhBsoX0mS6R Protección de Datos https://chat.whatsapp.com/Dyr5hwRjcUOIoTUNFzm0zc ### **Análisis de los Hechos Descritos en el relevante Documento recibido por APEDANICA** *Un grave error informático en el Ayuntamiento de Madrid ha resultado en la anulación de miles de multas de tráfico*[cite: 1, 3]. Los hechos clave son: * **Periodo del Fallo:** El incidente afectó a todos los recursos, alegaciones o escritos de identificación de conductor presentados entre junio y agosto de 2024[cite: 1, 4]. * **Naturaleza del Fallo:** A pesar de que los ciudadanos presentaron sus recursos correctamente, los sistemas municipales no los tramitaron internamente[cite: 4]. El consistorio lo ha reconocido, atribuyéndolo a un "fallo aleatorio del sistema informático"[cite: 6]. * **Causa Incierta:** La Administración no ha ofrecido una explicación técnica concluyente sobre el origen de la pérdida de información, planteando la duda entre un error informático interno o un posible ciberataque[cite: 7, 8]. * **Consecuencia Legal:** La falta de tramitación ha provocado la caducidad y prescripción de los procedimientos sancionadores, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial[cite: 5]. * **Impacto Ciudadano:** El despacho Pyramid Consulting ha detectado más de 5.000 multas sobreseídas por este motivo[cite: 2]. Se señala que, de no haberse descubierto el fallo, miles de ciudadanos podrían haber sido sancionados de forma ilegal, dejándolos en una situación de "indefensión absoluta", ya que en muchos casos ni siquiera se notificó la resolución[cite: 10, 12]. ### **Posibles Faltas Sancionables y Presuntos Delitos** Del análisis del documento se desprenden varias líneas de responsabilidad que podrían constituir faltas administrativas graves o, eventualmente, ser constitutivas de delito, cuya investigación correspondería a la Fiscalía. 1. **Negligencia Grave en la Custodia de Documentos Públicos:** * La incapacidad del sistema informático para registrar y tramitar escritos presentados por los ciudadanos apunta a una posible falta grave en el deber de custodia de los archivos y registros públicos. La falta de una explicación concluyente [cite: 8] podría ser un indicio de una falta de diligencia en el mantenimiento y seguridad de sistemas críticos. 2. **Vulneración de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos:** * **Indefensión:** Al no tramitar los recursos legales presentados en tiempo y forma, se ha impedido a miles de ciudadanos ejercer su derecho a la defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. El anexo califica esta situación como de "indefensión absoluta"[cite: 12]. * **Tutela Administrativa Efectiva:** Se ha vulnerado el derecho de los ciudadanos a que la administración resuelva sus solicitudes en los plazos legalmente establecidos, lo que ha llevado a la prescripción de los expedientes[cite: 5, 9, 10]. 3. **Responsabilidad Patrimonial de la Administración:** * El mal funcionamiento de un servicio público ha causado un perjuicio directo a los ciudadanos que podrían haber pagado sanciones que legalmente deberían haber sido anuladas. Esto abre la vía a reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento. 4. **Responsabilidad Política y Jerárquica del Alcalde y su Gobierno:** * Si bien el anexo no menciona directamente al alcalde, la responsabilidad última del correcto funcionamiento de los servicios públicos municipales recae sobre el máximo responsable del gobierno de la ciudad. La falta de una explicación transparente y concluyente sobre un fallo de esta magnitud [cite: 7, 8] compromete la responsabilidad política del equipo de gobierno por no garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos administrativos. Como máximo representante del Ayuntamiento de Madrid, el alcalde es el responsable final de la gestión de sus recursos tecnológicos y de la protección de los derechos de los ciudadanos. APEDANICA puede tomar esta información como base para subrayar la importancia de la diligencia y la transparencia en la gestión de los sistemas informáticos de las administraciones públicas, así como para exigir responsabilidades cuando fallos de esta naturaleza vulneran los derechos de los ciudadanos.