MALESTAR EN LAVALLEJA Quienes trabajamos en el sistema de protección de derechos sabemos que la ética, la formación y el compromiso con las personas más vulnerables deben ser requisitos mínimos para ocupar cargos de responsabilidad. Por eso, la reciente designación del Sr. Mauro Álvarez a un nuevo rol institucional genera profunda preocupación e indignación. En primer lugar, constan antecedentes personales graves, incluyendo denuncias por violencia doméstica, que, aunque no siempre trascienden públicamente, son conocidos por personas de su entorno laboral, político y personal. Estas situaciones, además de ser incompatibles con cualquier función pública de cuidado o autoridad, contradicen frontalmente los principios que la institución dice defender. En segundo lugar, el Sr. Álvarez carece de formación técnica o académica adecuada para el cargo que se le ha asignado. No posee estudios vinculados a la niñez, la gestión institucional ni el trabajo psicosocial. Su única experiencia laboral se limita al Hogar de Varones, donde priorizó su actividad política antes que la atención a niños, niñas y adolescentes; sin haber desempeñado tareas en otros dispositivos ni haber demostrado capacidad para el trabajo en equipo, el liderazgo ético o la articulación interinstitucional. Lejos de ser un referente positivo, su accionar ha estado marcado por la desidia, la falta de compromiso, y en muchos casos, actitudes manipuladoras, desleales y carentes de transparencia. Es una persona conocida por “subir a costa de quien sea”, limpiando su imagen mientras perjudica a otros con tal de avanzar. Su presencia no genera confianza, sino temor, división y una cultura de silencio. Designaciones como esta no solo vulneran el espíritu de la institución: refuerzan lógicas de poder opacas, clientelistas y peligrosas, especialmente cuando afectan el bienestar de niños, adolescentes y trabajadores que quedan expuestos ante liderazgos tan tóxicos como vacíos. Por todo esto, entendemos que se debe reconsiderar esta designación de forma urgente, y que se deben priorizar criterios claros, éticos y técnicos en el nombramiento de personas con responsabilidad institucional. Lo contrario será seguir consolidando estructuras injustas, que atentan contra los mismos principios que decimos defender.