*EL MUNICIPIO VARGAS: Retos por venir, el debate necesario y el estado comunal.* _*PARTE: IV. Gestión de la Junta Administradora del municipio Vargas.*_ Estos 39 años de nuestro municipio autónomo Vargas, contó, según mi análisis, con algunos momentos estelares que como experiencia creo necesario señalar para ser incorporado al debate necesario en el marco de la reforma constitucional sugerida por Maduro, aún cuando no existe una propuesta concreta, nos orienta la arquitectura legislativa diseñada y puesta en practica a partir del 2.005 por el oficialismo. Debo inicialmente aclarar, que la Junta Administradora, es un régimen de transición contemplado en la anterior Ley Orgánica del Distrito Federal del año 1.986, que estableció la creación de dos municipios autónomos, Este régimen de transición, aplicado cuando es creado un nuevo municipio, está contemplado en la constitución nacional de 1.999 y en la vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal (antes Ley Orgánica de Régimen Municipal) su función es organizar el municipio, previo a la elección de sus autoridades como tal. Tiene carácter administrativo (no puede legislar) y se resume en un órgano de transición. En Vargas operó desde 1.987, hasta 1.990, momento que se elige por la vía del voto universal y secreto por primera vez sus autoridades. Legalmente su designación se establece en la legislación que dicta el órgano que la crea, en este caso de Vargas, sería el consejo legislativo. *Un primer momento es a partir de 1987,* con la conversión de departamento a municipio e inicio de las funciones de la Junta Administradora como régimen de transición. Los varguenses celebramos la autonomía municipal, porqué constituía políticamente, un impulso institucional y apertura al progreso de la región, al menos eso fue lo que creímos. El municipio comenzó con limitaciones presupuestarias, tanto por ingresos propios como por el techo del situado constitucional del D.F. Ambas fuentes eran medianamente “suficientes” para cubrir los gastos de gobierno, pero no así para garantizar la prestación de los servicios públicos básicos. La Junta Administradora se convirtió en la esperanza de una región que se abría paso hacia su desarrollo político, económico, social y cultural, entendiendo que para que dicho desarrollo se proyectara, este órgano de transición, facultado para administrar este novel municipio, debía cumplir con la tarea más importante que le delegó la ley: preparar los proyectos legislativos que debían ser considerados por el concejo municipal que resultara electo en los próximos comicios, estableciendo así las bases para su desarrollo a través de la adecuación de su legislación. Lamentablemente, esta responsabilidad fue eludida sin una explicación convincente. *El* *municipio no asumió la transición de su historia y cargó sobre sus hombros una deuda legislativa que se ha transformado, hasta nuestros días, en una especie de “camisa de fuerza” para nuestro propio desarrollo.* Treinta y nueve años después, nos encontramos con el mismo esquema legislativo y bajo los mismos criterios que nos dejó el D.F. Muchas de estas normativas tienen origen gomecista, diseñadas para una ciudad de escasa población y con una estructura cultural e histórica subordinada a la capital. Las actuales ordenanzas, como leyes de carácter local, nos colocan de espaldas a una estrategia legislativa que debió ser parte de la transición. Éstas parecen desconectadas de los avances tecnológicos del nuevo siglo. La falta de una verdadera transición es una falla de origen de nuestro municipio, cuyas consecuencias no supimos estimar en su momento, sumadas hoy al desconocimiento del oficialismo, por la vía de los hecho, de la institución municipal clásica consagrada en la constitución nacional que define el Poder Municipal como uno de los tres niveles de gobierno, haciendo notable un excesivo centralismo y la existencia de un estado comunal paralelo. La lucha por la autonomía municipal de Vargas nos enseño a pedir y no prepararnos para dar. *_No contábamos con planes concretos para la llegada del municipio._ _Nos agarró desasistidos y carentes de respuestas mas allá de lo meramente burocrático._* *No todo fue deficiencia en la gestión de la Junta Administradora.* El primer presupuesto, si la memoria no me falla, fue de 287 millones de bolívares. Es importante resaltar que se ejecutaron obras significativas, entre ellas la acometida eléctrica en comunidades como Valle del Pino, el barrio Santa Eduviges, el impulso a la construcción del hospital Materno Infantil de Macuto, la primera ruta del Metrobús Caracas-La Guaira. El servicio de educación municipal fue transferido a la Junta Administradora, y un año después esta renunció a él, operando como una especie de “autogol” en detrimento de la autonomía municipal. El municipio ejerció sus competencias en materia de tarifas del transporte urbano e interurbano, se asumió las competencias administrativas, no así la autonomía política que era lo mas importante de esta lucha. *Integrantes de la extinta Junta Administradora del Municipio Vargas: 1987-1990* Once (11) miembros designados por el concejo municipal de Caracas, proporcionalmente a la composición de ese cuerpo, fundamentándose en las últimas elecciones municipales. Siete (7) pertenecían al partido Acción Democrática, tres (3) a Copei y uno (1) al MAS. Carlos González -Presidente. Ramón Díaz-Secretario. AD: Amauri Sandoval, María Romero, Mirella Noranbuena, Andrés Marín, y Antonio Brenderbak. COPEI: Asdrubal Salazar, Antonio Goncalves y Francisco Bermudez, MAS: Por razones estatutarias, esta representación fue ejercida cada año por un miembro distinto: 1.987- Ramón Mundaray, 1.989- Pedro Castillo y 1.989-Manuel Guacarán. *MANUEL GUACARÁN: 10 de junio de 2.025* *Continúa PARTE V: PODER MUNICIPAL vs PODER COMUNAL.*