Con millonario contrato se pavimentaron los bolsillos El supuesto desvío de dineros del convenio 02083 del 14 de diciembre de 2009 es el que hoy llevó a que la Fiscalía le ordenara a un grupo especial, conformado por Dijín y CTI, ejecutar las medidas cautelares de extinción de dominio a varios bienes del senador de Cambio Radical Édgar Díaz y el megacontratista Pedro Silva Ruíz. Dicho contrato fue firmado para la compra de material pétreo para repavimentar de un tramo de la vía La Sanjuana-Bucarasica, su valor fue de $6.005 millones de pesos. Pero, según la Fiscalía, en el contrato se registraron varias irregularidades que han sido investigadas y llevaron a que se ordenara la aplicación de estas medidas cautelares a quienes participaron en la firma. El secretario de infraestructura de ese entonces, Wilmer Carrillo, hoy Representante a la Cámara por el partido de La U, inició una subasta a la que acudió un único proponente. De esa manera, Pedro Antonio Silva Ruiz, dueño de la empresa Trituradora La Roca se llevó el contrato. Aunque el monto inicial del contrato era de  $4.003 millones para el suministro de 48.750 metros cúbicos de sub-base granular y 29.250  de base, por un plazo estimado de 10 meses, un año después, el 23 de diciembre de 2010, se le incorporó un adicional por un poco más de $2.000 millones, para el suministro de otros 35.950 metros cúbicos de base, para un valor total de $6.005 millones. La Fiscalía consideró que hubo un peculado por $3.700 milones y fue por ello que ordenó la extinción de dominio de varios bienes. Aunque el contrato se liquidó aparentemente sin inconvenientes, en un control excepcional que hizo la Contraloría General de la República dejó al descubierto una serie de presuntas irregularidades que serían las que motivaron la compulsa de copias a la Fiscalía. En el informe se indicó que existió una diferencia entre el material entregado por la Trituradora La Roca y el revisado por la Contraloría, de 8.290 metros cúbicos, como faltante en uno de los predios en donde se acopió el mismo.  Además, se advirtió que existía material que llevaba expuesto más de cuatro años, sin ningún tipo de protección y cubierto de maleza, lo que cambió sus propiedades. Esto dejó al descubierto deficiencias en la planeación del contrato, porque se adquirió un material pétreo que no se utilizó. Otra de las conclusiones fue que el acta de liquidación del contrato no era consecuente con la realidad, toda vez que no se registró ningún saldo a favor del departamento por cuenta de los más de 8.000 metros cúbicos de material que, según el informe de la interventoría, quedaron disponibles en la trituradora. Con todo esto y las pruebas que encontró la Fiscalía le aplicaron las medidas cautelares a unos apartamentos y lotes de los tres implicados. La operación que aún no ha terminado se dio en Cúcuta y Bogotá. Faltan más propiedades de los implicados. ¿Y EL SUPERVISOR QUÉ PASÓ? A pesar de esta acción que adelantó la Fiscalía, aún queda un duda muy grande, ¿por qué al supervisor del contrato no le pasa nada? Resulta que el secretario de Vías e Infraestructura de ese entonces, Wilmer Carrillo, quien hoy es Representante de la Cámara por el partido de La U, no ha sido afectado con alguna medida. ¿Será que él no tendrá alguna responsabilidad en este peculado? Esa es una pregunta que se hacen expertos en el tema. En ningún proceso, ni disciplinario ni penal mencionan, a este cuestionado personaje. Aún se espera si la Fiscalía lo vincula, pues él habría dado el visto bueno a la obra que dejó más problemas que soluciones para los habitantes de esa zona de Norte de Santander. https://www.facebook.com/share/p/1ChPx4f6QS/