Por primera vez, la Justicia provincial reconoció derechos laborales a una persona privada de su libertad. A.L. Arévalo trabajó 9 años cocinando y distribuyendo comida en una cárcel, cobrando solo $500 por mes. Hoy, tras años de lucha, la Justicia le da la razón: el Estado deberá pagarle salarios, aguinaldos, vacaciones e intereses por todo ese tiempo. 📜 La jueza María Belén Güemes dictó un fallo que sienta precedente y se apoya en tratados internacionales, la Constitución y las “Reglas Nelson Mandela” de la ONU. 💰 El Estado deberá reconocerle años de aportes, emitir certificado de trabajo y pagar lo adeudado desde 2012. 📣 ¿Qué opinás de este fallo? #diarioellitoral #corrientescapital https://www.instagram.com/p/DLFb7aosyCo/