*El Estado al Servicio del Capital: Boluarte y la Cooptación Imperialista en el Midis y el Feminismo Burgués* _03/02/25_ En el contexto de las contradicciones estructurales que caracterizan al Estado burgués en el Perú, la reciente juramentación de nuevos ministros por parte de Dina Boluarte —una figura ampliamente señalada como títere de las élites económicas y políticas— refleja la dinámica de reproducción del sistema capitalista y su necesidad de mantener el control sobre los sectores estratégicos del aparato estatal. Este movimiento político-administrativo, realizado el 31 de enero, no debe interpretarse únicamente como un cambio técnico o administrativo, sino como una maniobra destinada a consolidar los intereses de la clase dominante frente a las crecientes tensiones sociales y económicas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2023, el 26.9% de la población peruana vivía en situación de pobreza monetaria, mientras que el 4.5% se encontraba en pobreza extrema. Estas cifras evidencian la persistencia de las desigualdades socioeconómicas, producto de décadas de políticas neoliberales implementadas desde la década de 1990, cuando el gobierno de Alberto Fujimori impulsó reformas estructurales que privatizaron empresas estatales, flexibilizaron el mercado laboral y redujeron el gasto social. La salida inesperada de José Arista del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con las renuncias de Julio Demartini (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) y Teresa Hernández (Ministerio de la Mujer), evidencia la fragilidad de las estructuras gubernamentales en un escenario marcado por la crisis del capitalismo neoliberal y las demandas populares insatisfechas. Estos cambios ministeriales, lejos de representar una ruptura con el modelo económico extractivista y excluyente, buscan garantizar la continuidad de las políticas neoliberales que priorizan los intereses del gran capital nacional y transnacional. El nombramiento de José Salardi como nuevo titular del MEF es particularmente significativo. Su trayectoria como ministro de la Producción durante el gobierno genocida de Martín Vizcarra y su paso por ProInversión lo posicionan como un operador confiable para las élites económicas. Su designación no es casual, sino que responde a la necesidad de asegurar la acumulación de capital mediante la promoción de inversiones privadas y la profundización de políticas que perpetúan la explotación laboral y la desposesión de los recursos naturales. Según un informe del Banco Mundial, entre 2000 y 2020, el Perú experimentó un crecimiento económico promedio anual del 4.8%, impulsado principalmente por la extracción de minerales y la exportación de materias primas. Sin embargo, este modelo extractivista ha generado externalidades negativas, como la contaminación ambiental y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, exacerbando las contradicciones entre el capital y el trabajo. El MEF, como institución clave del Estado burgués, actúa como garante de la reproducción ampliada del capital, subordinando las necesidades de la clase obrera a los intereses del mercado. Por otro lado, el retorno de Leslie Urteaga al gabinete, esta vez como ministra de la Mujer, puede interpretarse como un intento de legitimar el régimen ante sectores feministas liberales y movimientos sociales. Sin embargo, desde una lectura crítica, este nombramiento no representa un avance sustancial hacia la emancipación de las mujeres proletarias, quienes enfrentan múltiples formas de opresión derivadas del capitalismo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Perú, las mujeres perciben en promedio un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, y más del 70% de las trabajadoras domésticas carecen de acceso a derechos laborales básicos, como seguro social y vacaciones pagadas. Más bien, se trata de una estrategia de cooptación que busca neutralizar las demandas más radicales del movimiento popular de mujeres, desviándolas hacia agendas reformistas incapaces de cuestionar las relaciones de poder que sostienen el sistema. En cuanto a Fanny Montellanos, su designación como ministra de Desarrollo e Inclusión Social refuerza la lógica asistencialista que caracteriza a las políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables. El Midis, como instrumento del Estado burgués, opera dentro de los límites impuestos por el capital, ofreciendo soluciones paliativas que no abordan las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social. Es importante destacar que el Midis ha sido históricamente permeable a la influencia de organizaciones no gubernamentales (ONGs) feministas financiadas por agencias internacionales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Según investigaciones realizadas por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, estas ONGs han promovido agendas que, aunque aparentemente progresistas, están diseñadas para desviar las luchas sociales hacia espacios controlados por el imperialismo estadounidense, neutralizando así cualquier amenaza al orden capitalista. Por ejemplo, programas como "Mujeres Líderes" y "Empoderamiento Económico de la Mujer", financiados por la USAID, han sido criticados por priorizar la inclusión de las mujeres en el mercado laboral precarizado en lugar de abordar las desigualdades estructurales que perpetúan la opresión de género. Según un estudio del PNUD, el gasto social per cápita en el Perú es uno de los más bajos de América Latina, representando apenas el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB). En lugar de promover la redistribución de la riqueza y la transformación de las relaciones de producción, estas políticas buscan contener el descontento popular y evitar la radicalización de las luchas sociales. Estos cambios ministeriales deben analizarse en el marco de la lucha de clases. La composición del gabinete refleja la alianza entre el Estado y las fracciones dominantes de la burguesía, quienes utilizan el aparato estatal para reproducir sus privilegios y sofocar las aspiraciones emancipatorias de las clases subalternas. Históricamente, el Perú ha sido un ejemplo paradigmático de la dependencia económica y política respecto a las potencias imperialistas. Durante el siglo XX, se denunciaron cómo el capital extranjero, especialmente estadounidense y británico, controlaba los recursos estratégicos del país, perpetuando un modelo de desarrollo subordinado. En este sentido, la juramentación de nuevos ministros no constituye un giro hacia políticas progresistas, sino una reconfiguración táctica destinada a preservar el statu quo. En conclusión, un simple análisis de estos acontecimientos revela que las decisiones tomadas por el gobierno de Boluarte están profundamente arraigadas en la lógica del capitalismo en desarrollado. Para avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa e igualitaria, es necesario superar las limitaciones del reformismo y construir una alternativa revolucionaria que ponga en el centro las necesidades de la clase obrera y campesina. Los datos históricos y estadísticos aquí presentados subrayan la urgencia de un cambio estructural que rompa con las cadenas del imperialismo y el capitalismo, estableciendo las bases para una economía planificada y democráticamente controlada por los obreros y campesinos.