*La concentración de poder en el aparato judicial bajo la dictadura de la burguesía peruana* _18/02/25_ La reconfiguración reciente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el país evidencia la naturaleza clasista del Estado capitalista peruano, donde las instituciones jurídicas operan como instrumentos de consolidación hegemónica para la *burguesía financiera y comercial*, fracción dominante que controla los hilos del poder económico y político. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el 70% del capital bursátil en la Bolsa de Valores de Lima está concentrado en cinco conglomerados empresariales vinculados a la banca, minería y agroexportación. La designación de René Boluarte Zegarra, hermana del títere de Dina Boluarte, como asesora principal de la JNJ, junto con la inserción de figuras afines al partido Podemos Perú —brazo político de sectores empresariales vinculados al capital transnacional y al gran comercio—, refleja la subordinación del aparato judicial a los intereses de esta oligarquía. Este fenómeno no es una anomalía, sino una manifestación estructural de la *dictadura de la burguesía financiera y comercial*, donde el derecho y las instituciones se moldean para garantizar la reproducción de las relaciones de explotación y la impunidad de sus agentes. 1. *El Estado burgués como garante de la dominación de clase* La infiltración de figuras vinculadas al poder ejecutivo y a partidos políticos como Podemos Perú —orgánicos a los intereses de la gran banca y el comercio monopolista— en la JNJ, órgano encargado de designar y evaluar a jueces y fiscales, desenmascara la ilusión de "independencia judicial". El Estado no es neutral: su estructura jurídico-administrativa sirve para perpetuar la dominación de la clase en el poder, en este caso, la *burguesía financiera y comercial* que acumula capital mediante la especulación, la extracción de recursos y la explotación laboral. Como señaló Marx en *El Capital* (Vol. I, Cap. 16), *"la subsunción formal del trabajo bajo el capital es solo el preludio de su subsunción real"*, proceso en el que las instituciones estatales —incluyendo el sistema judicial— son reorganizadas para servir a la acumulación capitalista. Un ejemplo histórico de esta dinámica se observa en la década de 1990, cuando el régimen fujimorista, bajo el pretexto de "modernizar el Estado", privatizó empresas públicas y desmanteló el sistema judicial, nombrando a magistrados afines a grupos económicos como el holding Romero (agroexportación) y Breca (finanzas). Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2023), el 40% de los jueces titulares en Perú ocupan cargos provisionales, lo que facilita su remoción arbitraria por la JNJ bajo presiones políticas. La designación de funcionarios como María Teresa Cabrera —vinculada a sectores empresariales que controlan puertos y mercados— y la inserción de colaboradores directos de la presidencia en cargos clave (Giovanna Díaz, Joel Bolivia) ilustran cómo la superestructura estatal se articula para proteger a la élite política y económica de investigaciones que amenazan su impunidad. Este mecanismo, lejos de ser excepcional, es inherente a la *crisis orgánica del capitalismo peruano*, donde las contradicciones intraburguesas se resuelven mediante purgas institucionales que refuerzan el control oligárquico. 2. *Acumulación capitalista y corrupción sistémica* El caso de Alfredo Pezo Paredes —cuñado del títere de Dina contratado por el Estado mientras Boluarte ejercía como vicepresidenta— ejemplifica la fusión entre intereses familiares y los circuitos de acumulación de la *burguesía comercial*. La modificación retroactiva de jurisprudencia por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado (OSCE) para exonerarlo de irregularidades revela la flexibilidad del derecho burgués cuando se trata de blindar a las capas dominantes. Según la Contraloría General de la República, entre 2021 y 2023, el 60% de los contratos estatales en servicios de consultoría fueron adjudicados a empresas vinculadas a partidos políticos como Podemos Perú, cifra que duplica el promedio registrado en el quinquenio anterior. Marx señaló que el Estado capitalista legaliza y normaliza la explotación mediante normas que, en apariencia universales, protegen la propiedad privada y los privilegios de clase. En *El Capital* (Vol. I, Cap. 1), Marx analizó el *fetichismo de la mercancía*, donde *"las relaciones sociales entre los hombres asumen la forma fantasmagórica de una relación entre cosas"*, ocultando que el derecho burgués es, en esencia, un reflejo de las relaciones de producción basadas en la explotación. Así, la corrupción no es un "fallo técnico", sino una *forma de acumulación primitiva* en la fase monopolista, donde la burguesía financiera y comercial utiliza su posición estatal para saquear recursos públicos, manipular licitaciones y consolidar monopolios. Un ejemplo paradigmático es el caso Odebrecht: entre 2005 y 2016, esta empresa pagó US$29 millones en sobornos en Perú para asegurar contratos en megaproyectos como la carretera Interoceánica, beneficiando a consorcios como Graña y Montero. *3.Contradicciones y crisis de legitimidad* La concentración de poder en la JNJ, orientada a desarticular investigaciones contra la presidenta y su entorno, agudiza las contradicciones entre las masas proletarias y el bloque en el poder, encabezado por la *burguesía financiera y comercial peruana*. La proletarización de amplias capas populares, exacerbada por políticas neoliberales que benefician a bancos y conglomerados exportadores, choca con la opacidad de un sistema judicial que opera como *brazo represivo de la burguesia*. Según el INEI (2023), el 27.5% de la población peruana vive en pobreza, mientras que el 1% más rico concentra el 30% de los ingresos nacionales. Además, el 76.8% de la fuerza laboral trabaja en condiciones de informalidad, carente de derechos básicos. La archivación de denuncias contra Boluarte por parte del Congreso —controlado por partidos como Podemos Perú, alineados con los intereses de la gran empresa— refuerza la tesis leninista de que el parlamentarismo burgués es una farsa democrática destinada a enmascarar la dictadura de clase. En este caso, la clase dominante no es abstracta: son los grupos económicos que concentran el capital financiero, controlan el comercio exterior y subordinan el Estado a sus redes de influencia. Como advirtió Marx en *El Capital* (Vol. III, Cap. 23), *"el capital ficticio se convierte en un poder autónomo, una forma de subsunción real que domina incluso los procesos de circulación"*, mecanismo que explica cómo la burguesía financiera peruana instrumentaliza instituciones como la JNJ para perpetuar su hegemonía. Un hito histórico que ilustra esta contradicción es el estallido social de diciembre 2022, donde masivas protestas contra el gobierno de Boluarte —con un saldo de 49 muertos según la Defensoría del Pueblo— evidenciaron el rechazo popular a la alianza entre el Ejecutivo y los grupos de poder económico. 4. *Hacia la superación revolucionaria* Estos episodios confirman la necesidad histórica de que el proletariado, en alianza con el campesinado pobre y los pueblos originarios explotadas por el extractivismo de la *burguesía comercial*, se debe construir un *partido revolucionario* que enfrente al Estado burgués. La judicialización de la política, como herramienta de persecución a los sectores populares, solo podrá abolirse mediante la instauración de una *dictadura del proletariado*, que socialice los medios de producción —hoy en manos de banqueros, mineras y agroexportadoras— y reemplace el aparato judicial burgués por tribunales populares. Como enseñó Engels, la emancipación de la clase obrera requiere destruir el Estado capitalista, no reformarlo, y en el Perú, esto implica desmantelar la estructura de dominación de la *burguesía financiera y comercial*, cuya dictadura se sostiene en la precarización laboral, el saqueo de bienes comunes y la cooptación de instituciones como la JNJ. Un precedente histórico relevante es la huelga general de 1919, liderada por la Federación Obrera Regional Peruana, que logró conquistas como la jornada laboral de 8 horas, demostrando que la organización clasista es el único antídoto contra la explotación capitalista.