🔴 ÚLTIMA HORA | Imputados altos cargos del Gobierno de Ayuso por las muertes en residencias durante la pandemia Ayuso se lava las manos: la justicia imputa a sus cargos, pero a ella ni la rozan 7.291 personas mayores murieron sin hospitalización en Madrid. Cinco años después, los responsables de los protocolos se sientan ante un juez. Ayuso, ni está ni se la espera. LA IMPUNIDAD POLÍTICA TIENE NOMBRE Y APELLIDOS Cinco años. Ese ha sido el tiempo que han necesitado los tribunales para admitir lo evidente: que alguien debía responder por los 7.291 ancianas y ancianos que murieron abandonados en residencias de Madrid sin ser derivados a un hospital. Cinco años de dolor, de informes, de puertas cerradas y carpetas archivadas. Ahora, cuando los focos ya alumbran otros escándalos, la justicia decide imputar a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pero como siempre ocurre en este país cuando se trata de los de arriba, la presidenta se queda fuera del encuadre. Ni imputada, ni salpicada, ni preguntada. Intocable. El próximo 26 de mayo están citados a declarar Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, responsables en 2020 de la coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid. Son quienes redactaron y firmaron los llamados protocolos de exclusión sanitaria, conocidos ya como el Protocolo de la vergüenza. Aquellos documentos, elaborados entre el 18 y el 25 de marzo de 2020, establecían criterios para denegar el traslado de residentes a hospitales. Bastaba un grado moderado de dependencia o deterioro cognitivo. No importaba el nombre, la historia, ni el dolor de quien llamaba a una puerta que no se abriría. La querella fue impulsada en octubre de 2024 por 109 familiares de víctimas, agrupadas en plataformas como Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, y finalmente respaldada por la Fiscalía Provincial de Madrid. El juzgado que archivó el caso hace tres años ha tenido que reabrirlo tras la presión ciudadana y mediática. La acusación es clara: denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. Un delito recogido en el artículo 511 del Código Penal. Pero, de nuevo, la figura política que dirigía el Gobierno y aprobaba cada medida sigue fuera de la ecuación. UN SISTEMA DISEÑADO PARA QUE NUNCA PAGUEN Mientras miles morían sin atención, Ayuso afirmaba que “no había recursos para todos” y que “hubo que priorizar”, como si esas decisiones no tuvieran autores. Como si los papeles no los firmara nadie. Como si una presidenta autonómica pudiera desaparecer cuando más se la necesita y volver cuando tocan las campañas electorales. Lo dijo sin rubor en múltiples comparecencias, como la del 1 de junio de 2020, cuando justificó en la Asamblea de Madrid que no se trasladase a ciertas personas a hospitales "porque no podían sobrevivir" (RTVE). Hoy sabemos que hubo cuatro versiones del protocolo en apenas siete días. Que las instrucciones cambiaban, pero nunca en favor de la vida. Que los directores y directoras de las residencias eran presionados para aplicar estos filtros. Que no se trató de un error improvisado, sino de una política deliberada y firmada. Un mecanismo burocrático que elegía quién podía vivir y quién debía morir. Y sin embargo, la presidenta sigue con su carrera intacta. Repartiendo culpas a subordinados. Haciendo política con el cadáver aún caliente de la memoria colectiva. En cualquier democracia que se respete, Ayuso estaría imputada, dimitida o, al menos, asumiendo responsabilidades políticas. En España, da mítines. Todo esto sucede mientras los familiares siguen sin justicia, sin reparación y sin verdad oficial. Se les negó el duelo, se les negó la verdad, se les niega ahora la justicia completa. Mientras tanto, quienes firmaron aquellas órdenes aparecen en fotos sonrientes junto a Ayuso, como Carlos Mur en 2019 en el Hospital de Fuenlabrada, cuando aún creían que todo saldría impune. La pregunta no es si estos cargos serán condenados. Es por qué Isabel Díaz Ayuso nunca responde por nada.