*La resaca fiscal de México: ajustes urgentes para evitar el colapso* Después de la intensa expansión del gasto público que caracterizó al 2024, México enfrenta en 2025 una difícil realidad: la necesidad impostergable de corregir los excesos cometidos, contener un déficit disparado y evitar una degradación crediticia que pondría en jaque la estabilidad financiera del país. El año pasado, el gasto programable creció en 8.9 % real, impulsado sobre todo por subsidios, transferencias y gasto corriente. El resultado: un déficit público que se disparó en 51.2 % respecto a 2023. Como lo describe acertadamente Enrique Quintana, tras la “borrachera” fiscal del 2024 llegó la “cruda” de 2025, y con ella un ajuste que no podía postergarse. Las cifras oficiales son contundentes. Durante los primeros cuatro meses de este año, el déficit se ha reducido en 62.3 % real, gracias a una combinación de drásticos recortes al gasto y un fortalecimiento de la recaudación tributaria. El gasto programable del sector público ha caído 7.8 % hasta abril, y los ingresos tributarios han aumentado 10.1 %, destacando un notable salto de 47.6 % en la recaudación por aranceles. El gobierno actual ha optado por una estrategia clara: contener el gasto discrecional y reforzar la disciplina fiscal, a fin de enviar señales positivas a los mercados y evitar un deterioro en la calificación crediticia del país. No hacerlo implicaría mayores costos de financiamiento y un riesgo creciente para la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, como muestran tanto el análisis de El Financiero sobre la reducción del gasto por secretarías como la columna de Quintana, esta estrategia viene acompañada de costos relevantes para la economía real. Los rubros más golpeados han sido la inversión pública, con una caída de 19 % real, y los programas sociales, con un recorte de 22.2 %. Áreas sensibles como la educación, salud y medio ambiente también han experimentado reducciones considerables. Por el contrario, el gasto en pensiones —por su rigidez legal— ha seguido creciendo. El dilema es evidente. Ajustar el gasto era imprescindible para frenar el deterioro fiscal. Pero el modo en que se está haciendo —a costa de la inversión y del gasto social— podría tener consecuencias adversas en el mediano plazo: menor crecimiento económico, deterioro en la calidad de los servicios públicos y profundización de las brechas sociales. Más aún, cabe preguntarse si este ajuste podrá sostenerse en el tiempo. La presión de gasto en áreas como pensiones seguirá creciendo, limitando los márgenes de maniobra presupuestal. Y la sostenibilidad política de una austeridad tan agresiva es incierta, sobre todo si la economía comienza a resentir sus efectos. En conclusión, los ajustes fiscales de 2025 eran inevitables y en muchos sentidos responsables. Pero el desafío ahora es lograr un equilibrio más inteligente: corregir el rumbo sin ahogar el crecimiento ni descuidar el bienestar de la población. De lo contrario, la cruda podría prolongarse mucho más de lo deseable. ```VLADIMIRAMOS``` _Con información de El Financiero_