En el panorama actual, los medios y plataformas de comunicación tienen la responsabilidad de satisfacer la necesidad de las personas de conocer la situación del poder público que gestiona la actividad policial y judicial, así como de las principales instituciones relacionadas. Esto con el objetivo de facilitar un control social no formal sobre el desempeño de dichas actividades, fortaleciendo su legitimidad. Este control no se limita solo a los hechos, sino que también pone énfasis en las instituciones encargadas de fiscalizarlas (como la policía y la justicia), resaltando sus funciones y roles. Esta tarea está amparada por el derecho constitucional a la libertad de información, aunque también está sujeta a ciertos límites que corresponden a los deberes que las personas y el Estado tienen respecto a la sociedad. Al informar sobre las actividades policiales y judiciales, resulta crucial la forma en la que se abordan y elaboran las noticias, para evitar vulnerar los derechos de las personas implicadas —como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio imparcial, al honor, a la imagen, a la intimidad, entre otros— especialmente en el caso de los acusados. Por esto, la comunicación en los medios se vuelve más compleja, ya que existe el riesgo de entorpecer la labor judicial mediante la creación de un escenario mediático que puede realizar una exposición excesiva de los involucrados, poniendo en peligro sus derechos y enfrentando a la persona con un “prejuicio social de culpabilidad”, debido a la fuerte visibilidad mediática que enfrentan.