Ley de Solidaridad enviada por el Gobierno de Daniel Noboa Qué dice: De acuerdo con Chat GPT La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional del gobierno de Daniel Noboa —aprobada el 7 de junio de 2025 por la Asamblea Nacional con 84 votos a favor— establece un régimen jurídico especial, económico y penal, con el objetivo de combatir el crimen organizado, las “economías criminales” y proteger a la población civil Medidas de seguridad y orden público Régimen legal por conflicto armado interno: Declara una situación de “conflicto armado interno” que permite aplicar medidas especiales sin suspender derechos constitucionales Prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con crimen organizado, con especialistas (jueces/fiscales) para estos casos Allanamientos extraordinarios: Permite entradas sin orden previa bajo control judicial posterior en 24 horas Indulto diferido: Para policías/militares acusados por operaciones en este marco. Se aplica tras sentencia ejecutoriada, pero no cubre delitos graves como desaparición forzada o corrupción Reformas penales y fiscales Agravación de penas: Delitos como pertenecer o liderar un grupo armado reciben hasta 22–30 años de prisión; homicidio y robo de pintura también endurecidos Reformas al COIP: Se incorporan figuras como un procedimiento judicial único, prohibición de regímenes abiertos antes de reparación económica, y definición clara entre microtraficante y consumidor Tabla de drogas: El Ministerio de Salud, Fiscalía y Judicatura deben definir parámetros de consumo personal, corrigiendo la eliminación previa del gobierno Delitos de hidrocarburos: El robo de combustible entra en el régimen penal con mayor severidad, ante pérdidas de unos USD 250 M desde 2023 Apoyo económico y social Incentivos fiscales: Las empresas pueden donar hasta el 30 % del impuesto a la renta para directos recursos a la Policía y Fuerzas Armadas, bajo control del SRI Uso de activos incautados: Seceptor nacional: bienes relacionados al crimen pasan al Estado en un plazo máximo de 15 días Reactivación en zonas afectadas: Recursos dirigidos a reconversión social y productiva en áreas golpeadas por violencia Protección de víctimas y grupos vulnerables: Atención prioritaria (salud física y mental, ayuda integral) para mujeres embarazadas, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia Prevención del reclutamiento infantil y mecanismos de reintegración Resumen por ejes Eje ¿Qué contempla? Seguridad jurídica Conflicto armado sin suspensión de derechos, especialización judicial, allanamientos sin orden previa con control posterior. Sanciones penales Penas altas (hasta 30 años), procedimiento judicial único, clasificación refiriéndose a grupos armados. Apoyo institucional Indulto diferido para militares y policías, prisión preventiva, distinción microtráfico vs consumo. Recurso fiscal & financiero Donaciones empresariales al 30 %, dinero para seguridad, reequilibrio de zonas; incautación de bienes. Asistencia social Atención prioritaria a víctimas y grupos vulnerables, prevención y reparación. Control internacional Cooperación transfronteriza y componentes internacionales (UAFE, UAFE refuerzo). Contexto y estado actual La ley fue calificada como urgente en materia económica y responde a la declaración de “conflicto armado interno” decretada por Daniel Noboa en enero de 2024 Fue enviada al Registro Oficial el 10 de junio de 2025, por orden presidencial —sin haber sido vetada— para su entrada en vigencia Algunos abogados constitucionalistas han advertido posibles impugnaciones por el alcance del decreto y el indulto diferido En resumen, la Ley de Solidaridad es el marco legal más amplio y contundente impulsado por la administración Noboa para enfrentar el crimen organizado, combinando herramientas penales, financieras, institucionales y sociales bajo la excusa del “conflicto interno”, reforzando así tanto la respuesta estatal como la participación del sector privado y la atención a la ciudadanía.