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6/11/2025, 2:41:33 PM

DRL Engineering Es una firma privada en crecimiento, reconocida en Houston por su experiencia como Owner’s Engineer en proyectos de energía y refinación. Con más de una década de trayectoria, colaboración con grandes jugadores como Sulzer y Vepica, y una plantilla de 50–200 empleados, mantiene buena reputación laboral. Los roles gerenciales rondan los US$ 60‑70 mil anuales, en línea con la industria.

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6/11/2025, 2:32:50 PM

Ley de Solidaridad enviada por el Gobierno de Daniel Noboa Qué dice: De acuerdo con Chat GPT La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional del gobierno de Daniel Noboa —aprobada el 7 de junio de 2025 por la Asamblea Nacional con 84 votos a favor— establece un régimen jurídico especial, económico y penal, con el objetivo de combatir el crimen organizado, las “economías criminales” y proteger a la población civil Medidas de seguridad y orden público Régimen legal por conflicto armado interno: Declara una situación de “conflicto armado interno” que permite aplicar medidas especiales sin suspender derechos constitucionales Prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con crimen organizado, con especialistas (jueces/fiscales) para estos casos Allanamientos extraordinarios: Permite entradas sin orden previa bajo control judicial posterior en 24 horas Indulto diferido: Para policías/militares acusados por operaciones en este marco. Se aplica tras sentencia ejecutoriada, pero no cubre delitos graves como desaparición forzada o corrupción Reformas penales y fiscales Agravación de penas: Delitos como pertenecer o liderar un grupo armado reciben hasta 22–30 años de prisión; homicidio y robo de pintura también endurecidos Reformas al COIP: Se incorporan figuras como un procedimiento judicial único, prohibición de regímenes abiertos antes de reparación económica, y definición clara entre microtraficante y consumidor Tabla de drogas: El Ministerio de Salud, Fiscalía y Judicatura deben definir parámetros de consumo personal, corrigiendo la eliminación previa del gobierno Delitos de hidrocarburos: El robo de combustible entra en el régimen penal con mayor severidad, ante pérdidas de unos USD 250 M desde 2023 Apoyo económico y social Incentivos fiscales: Las empresas pueden donar hasta el 30 % del impuesto a la renta para directos recursos a la Policía y Fuerzas Armadas, bajo control del SRI Uso de activos incautados: Seceptor nacional: bienes relacionados al crimen pasan al Estado en un plazo máximo de 15 días Reactivación en zonas afectadas: Recursos dirigidos a reconversión social y productiva en áreas golpeadas por violencia Protección de víctimas y grupos vulnerables: Atención prioritaria (salud física y mental, ayuda integral) para mujeres embarazadas, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia Prevención del reclutamiento infantil y mecanismos de reintegración Resumen por ejes Eje ¿Qué contempla? Seguridad jurídica Conflicto armado sin suspensión de derechos, especialización judicial, allanamientos sin orden previa con control posterior. Sanciones penales Penas altas (hasta 30 años), procedimiento judicial único, clasificación refiriéndose a grupos armados. Apoyo institucional Indulto diferido para militares y policías, prisión preventiva, distinción microtráfico vs consumo. Recurso fiscal & financiero Donaciones empresariales al 30 %, dinero para seguridad, reequilibrio de zonas; incautación de bienes. Asistencia social Atención prioritaria a víctimas y grupos vulnerables, prevención y reparación. Control internacional Cooperación transfronteriza y componentes internacionales (UAFE, UAFE refuerzo). Contexto y estado actual La ley fue calificada como urgente en materia económica y responde a la declaración de “conflicto armado interno” decretada por Daniel Noboa en enero de 2024 Fue enviada al Registro Oficial el 10 de junio de 2025, por orden presidencial —sin haber sido vetada— para su entrada en vigencia Algunos abogados constitucionalistas han advertido posibles impugnaciones por el alcance del decreto y el indulto diferido En resumen, la Ley de Solidaridad es el marco legal más amplio y contundente impulsado por la administración Noboa para enfrentar el crimen organizado, combinando herramientas penales, financieras, institucionales y sociales bajo la excusa del “conflicto interno”, reforzando así tanto la respuesta estatal como la participación del sector privado y la atención a la ciudadanía.

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6/11/2025, 4:01:19 PM

"Leyes aprobadas por el Ejecutivo, que NO son las mismas, aunque ambas coincidan en su intención de castigar al crimen organizado y proteger a la ciudadanía de futuras extorsiones". Ley Orgánica de Inteligencia, inteligencia estratégico y contrainteligencia; su ibjetivo es anticipar, neutralizar y evitar amenazas a la seguridad integral del Estado, con facultades de interceptación de comunicaciones y documentos sin orden judicial con tan solo una orden del CIES por razones de seguridad en caso de verse afectado el Estado. Se obligará a operadores de telecomunicaciones entregar datos en tiempo real e históricos sin orden judicial, incluyendo ubicación y conexiones; En caso que se requiera información de personas naturales o jurídicas sin costo alguno por el sistema. Una vez concluida la revisión de gastos especiales incinerados, entendiéndose dependiendo el contexto al que se refiere, podría tener varias interpretaciones. En caso de irregulares o injustificados ó simplemente destrucción física de documentos por ocultar evidencia, archivo, o encubrimiento. Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, establece un régimen jurídico especial, económico y penal, con el objetivo de combatir al crimen organizado, sus economías y "proteger" a la pobllación civil., con pretención de institucionalizar el régimen legal de conflicto armado interno para poder actuar sin suspender derechos constitucionales, prisión preventiva obligatoria para delitos de esta naturaleza,, allanamientos extraordinarios sin el previo control judicial, el indulto diferido a policías y militares acusados por operacioes en este marco aunque "no cubre delitos graves como desaparición forzada o corrupción". Ésta, es el marco legal más amplio y contundente impulsado por la administración actual, para enfrentar el crimen organizado, combinando herramientas penales, financieras, institucionales y sociales bajo la excusa del “conflicto interno”, reforzando así tanto la respuesta estatal como la participación del sector privado y la atención a la ciudadanía.G

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6/11/2025, 2:44:41 PM

En Ecuador está programado la construcción de una refinería de petróleo, lo que habría tenido que hacer la del Pacífico pero que por razones políticas no se concluyó el proyecto. La empresa contactada para desarrollarlo es privada, viene de Estados Unidos, DRL Engineering Es una firma privada en crecimiento, reconocida en Houston por su experiencia como Owner’s Engineer en proyectos de energía y refinación. Con más de una década de trayectoria, colaboración con grandes jugadores como Sulzer y Vepica, y una plantilla de 50–200 empleados, mantiene buena reputación laboral. Los roles gerenciales rondan los US$ 60‑70 mil anuales, en línea con la industria.

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6/10/2025, 7:41:08 PM

Durante gran parte del siglo XX, Ecuador fue un país agrícola, con una economía basada en el cacao, el banano y otros productos de exportación. Sin embargo, en la década de 1960, las exploraciones petroleras comenzaron a mostrar indicios prometedores en la región amazónica. La llegada de empresas extranjeras como Texaco y Gulf marcó un punto de inflexión en la historia energética del Ecuador.

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6/11/2025, 3:11:09 PM

Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia estratégica y contrainteligencia Consiste: La Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, que fue aprobada en segundo debate el 7 de junio de 2025 por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional y fue analizada en el Pleno, busca establecer un marco jurídico que regule las funciones de inteligencia en Ecuador. ¿Qué busca regular? La creación del Sistema Nacional de Inteligencia, con siete subsistemas especializados: Fuerzas Armadas Policía Nacional Análisis financiero y económico Casa Militar Presidencial Inteligencia tributaria Inteligencia aduanera Inteligencia penitenciaria El objetivo: ANTICIPAR, NEUTRALIZAR Y EVITAR AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL ESTADO mediante inteligencia y contrainteligencia Estructura de mando y control El sistema será liderado por el Director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), nombrado por el Presidente de la República, con rango ministerial y hasta 20 atribuciones, incluyendo designación y evaluación de agentes Habrá régimen especial de identidad para agentes: se les proporcionarán documentos nuevos para garantizar protección Se instauran gastos especiales clasificados, pero sujetos a control interno de la Contraloría, quien “incinerará” la documentación una vez auditada. ¡Garantizar que esta auditoróa fuera transparete! El Director deberá rendir cuentas trimestrales ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Considerando que se cuenta con una Asamblea Nacional totalmente parcializada hacia el Ejecutivo por su mayoría de absoluta, no se garantiza que se actúe con objetividad Facultades controversiales Interceptación de comunicaciones y documentos sin orden judicial: el CIES puede ordenar retenciones, aperturas, interceptaciones o examinaciones SOLO POR RAZONES DE SEGURIDAD DEL ESTADO Obligación a operadoras de telecomunicaciones de entregar datos en tiempo real e históricos sin orden judicial, incluyendo ubicación y conexiones Información de personas naturales y jurídicas también podrá ser requerida, sin costo, por el sistema Gastos especiales “incinerados” tras revisión. En el contexto de auditorías, fiscalización o control público, la expresión “gastos incinerados tras revisión” puede tener una de las siguientes interpretaciones, dependiendo del contexto específico: 1. Gastos eliminados o descalificados La más común es que “incinerado” se use en sentido figurado para indicar que, tras una revisión (por ejemplo, de la Contraloría o un ente fiscalizador), ciertos gastos fueron descartados, desautorizados o no validados por considerarse: Irregulares Injustificados Sin respaldo documental No sujetos a norma Gasto fraudulento o con indicios de corrupción 2. Destrucción física de documentos En contextos más literales, podría referirse a que, después de una revisión, los documentos que respaldaban ciertos gastos fueron destruidos, por ejemplo: Para eliminar evidencia Por procesos de archivo tras muchos años (menos común en contextos de auditoría reciente) Como parte de una práctica irregular o encubrimiento Riesgos y críticas Derechos humanos: organizaciones alertan que la ley podría habilitar una vigilancia masiva y erosión del derecho a la privacidad y al debido proceso Impunidad para agentes de inteligencia: se alega que la ley exonera de responsabilidad penal, civil y administrativa, reduciendo mecanismos de fiscalización Centralización de poder en el CIES sin contrapesos judiciales ni independientes, incluyendo posible uso para perseguir políticos, activistas o periodistas Falta de transparencia en gastos especiales: al quemarlos tras revisión, se desconoce en qué se gastó el dinero Ausencia de controles efectivos, según críticos, como fiscalía o juicio judicial antes de interceptaciones . ¡Fecha de Aprobación! Este 10 de junio de 2025 el Pleno de la Asamblea Naicional lo debatió en segundo y definitivo debate, junto con otras leyes. El texto fue aprobado por el Ejecutivo. En resumen La ley lo que busca es, crear un sistema estatal de inteligencia formal y especializado, aunque con facultades amplias sobre interceptaciones y manejo opaco de fondos. Esto despierta preocupaciones profundas de derechos, privacidad y posible abuso de poder.

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6/11/2025, 2:21:58 PM

GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA SE HA MULTIPLICADO EN EL PAÍS. "El aumento de grupos de delincuencia organizada en Ecuador, qué se ha hecho para combatir por parte del Gobierno con políticas públicas y cómo llegó su aumento". El aumento de los grupos de delincuencia organizada en Ecuador ha sido uno de los desafíos más serios que ha enfrentado el país en los últimos años. A continuación te explico brevemente cómo se ha incrementado este fenómeno, las causas que lo explican, y las políticas públicas implementadas por el gobierno para enfrentarlo. ¿Cómo y por qué aumentó la delincuencia organizada en Ecuador? 1. Ubicación estratégica y porosidad fronteriza Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de cocaína del mundo. Aunque Ecuador no tiene una gran producción de coca, se ha convertido en un país clave para el tránsito y salida de droga, sobre todo hacia Europa y EE. UU., a través de sus puertos, especialmente el de Guayaquil. 2. Debilitamiento del Estado y de las fuerzas de seguridad Recortes presupuestarios a la policía y las fuerzas armadas. Falta de inversión en inteligencia y equipamiento. Corrupción dentro de instituciones clave, como el sistema penitenciario y la policía. 3. Alianzas con carteles internacionales Grupos criminales locales (como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones y otros) establecieron alianzas con carteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, lo que aumentó su poder económico y su capacidad de violencia. 4. Crisis carcelaria Las cárceles se convirtieron en centros de operación de estas bandas. A partir de 2020, se han registrado múltiples masacres carcelarias, con cientos de muertos. ¿Qué ha hecho el Gobierno para combatir esta situación? 1. Estados de excepción y militarización El gobierno de Guillermo Lasso (2021–2023) y luego el de Daniel Noboa (2023–presente) declararon varios estados de excepción para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. En 2024, Noboa declaró al país en “conflicto armado interno” y catalogó a las bandas como grupos terroristas, lo que habilitó una respuesta militar más fuerte. 2. Plan “Fénix” Lanzado por el gobierno de Noboa, es una estrategia integral para recuperar el control del país. Incluye medidas como: Intervención militar en cárceles. Construcción de nuevas prisiones de máxima seguridad. Reforma del sistema judicial y penitenciario. Inversión en inteligencia y equipamiento policial. 3. Control en puertos y fronteras Se ha aumentado la vigilancia en puertos como el de Guayaquil, punto clave de salida de droga. Refuerzo del control fronterizo con Colombia y Perú. 4. Reformas legales Propuesta y aprobación de leyes para endurecer penas contra el crimen organizado, el porte de armas, y para permitir el uso de armas incautadas a criminales por parte de las fuerzas del orden. 5. Cooperación internacional Colaboración con EE. UU., la UE y Colombia para recibir ayuda técnica, financiera e intercambio de inteligencia. ¿Ha funcionado? Ha habido reducción de ciertos delitos violentos en zonas específicas como Guayaquil en 2025, pero la situación sigue siendo crítica. La violencia sigue latente, y muchas organizaciones criminales han mutado y se han reagrupado. La población continúa exigiendo soluciones estructurales, no solo respuestas militarizadas.