Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia estratégica y contrainteligencia Consiste: La Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, que fue aprobada en segundo debate el 7 de junio de 2025 por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional y fue analizada en el Pleno, busca establecer un marco jurídico que regule las funciones de inteligencia en Ecuador. ¿Qué busca regular? La creación del Sistema Nacional de Inteligencia, con siete subsistemas especializados: Fuerzas Armadas Policía Nacional Análisis financiero y económico Casa Militar Presidencial Inteligencia tributaria Inteligencia aduanera Inteligencia penitenciaria El objetivo: ANTICIPAR, NEUTRALIZAR Y EVITAR AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL ESTADO mediante inteligencia y contrainteligencia Estructura de mando y control El sistema será liderado por el Director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), nombrado por el Presidente de la República, con rango ministerial y hasta 20 atribuciones, incluyendo designación y evaluación de agentes Habrá régimen especial de identidad para agentes: se les proporcionarán documentos nuevos para garantizar protección Se instauran gastos especiales clasificados, pero sujetos a control interno de la Contraloría, quien “incinerará” la documentación una vez auditada. ¡Garantizar que esta auditoróa fuera transparete! El Director deberá rendir cuentas trimestrales ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Considerando que se cuenta con una Asamblea Nacional totalmente parcializada hacia el Ejecutivo por su mayoría de absoluta, no se garantiza que se actúe con objetividad Facultades controversiales Interceptación de comunicaciones y documentos sin orden judicial: el CIES puede ordenar retenciones, aperturas, interceptaciones o examinaciones SOLO POR RAZONES DE SEGURIDAD DEL ESTADO Obligación a operadoras de telecomunicaciones de entregar datos en tiempo real e históricos sin orden judicial, incluyendo ubicación y conexiones Información de personas naturales y jurídicas también podrá ser requerida, sin costo, por el sistema Gastos especiales “incinerados” tras revisión. En el contexto de auditorías, fiscalización o control público, la expresión “gastos incinerados tras revisión” puede tener una de las siguientes interpretaciones, dependiendo del contexto específico: 1. Gastos eliminados o descalificados La más común es que “incinerado” se use en sentido figurado para indicar que, tras una revisión (por ejemplo, de la Contraloría o un ente fiscalizador), ciertos gastos fueron descartados, desautorizados o no validados por considerarse: Irregulares Injustificados Sin respaldo documental No sujetos a norma Gasto fraudulento o con indicios de corrupción 2. Destrucción física de documentos En contextos más literales, podría referirse a que, después de una revisión, los documentos que respaldaban ciertos gastos fueron destruidos, por ejemplo: Para eliminar evidencia Por procesos de archivo tras muchos años (menos común en contextos de auditoría reciente) Como parte de una práctica irregular o encubrimiento Riesgos y críticas Derechos humanos: organizaciones alertan que la ley podría habilitar una vigilancia masiva y erosión del derecho a la privacidad y al debido proceso Impunidad para agentes de inteligencia: se alega que la ley exonera de responsabilidad penal, civil y administrativa, reduciendo mecanismos de fiscalización Centralización de poder en el CIES sin contrapesos judiciales ni independientes, incluyendo posible uso para perseguir políticos, activistas o periodistas Falta de transparencia en gastos especiales: al quemarlos tras revisión, se desconoce en qué se gastó el dinero Ausencia de controles efectivos, según críticos, como fiscalía o juicio judicial antes de interceptaciones . ¡Fecha de Aprobación! Este 10 de junio de 2025 el Pleno de la Asamblea Naicional lo debatió en segundo y definitivo debate, junto con otras leyes. El texto fue aprobado por el Ejecutivo. En resumen La ley lo que busca es, crear un sistema estatal de inteligencia formal y especializado, aunque con facultades amplias sobre interceptaciones y manejo opaco de fondos. Esto despierta preocupaciones profundas de derechos, privacidad y posible abuso de poder.